Este viernes, luego de reunirse en Mendoza con referentes del sector vitivinícola, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, dio detalles de las modificaciones que afectan al mundo del vino. Según explicó el funcionario, se derogaron casi 1.000 normas.

Uno de los aspectos que Sturzenegger se encargó de aclarar de manera puntual fue que todos los controles vinculados a la aptitud para consumo y la detección de adulteración “seguirán siendo obligatorios, como hasta ahora“.

En ese sentido, se destacó que “lo que cambia es el enfoque de los controles. Antes el INV controlaba cada etapa de la cadena productiva, verificando en cada una no sólo aspectos de aptitud para el consumo sino también muchos otros de calidad y trazabilidad, ahora el organismo va a enfocarse en lo que realmente importa, que es que el producto embotellado que se va a destinar al mercado no sea nocivo“.

De este modo, las reformas especifican que los controles del INV estarán centrados en la verificación de aptitud para el consumo y detección de adulteración de productos vitivinícolas, mientras que los controles de trazabilidad -origen, añada y varietal- serán optativos “según necesidades comerciales de cada productor”.

Entre los cambios operativos, se elimina la obligación de declarar datos como cantidad y modelo de tractores, método de cosecha o técnicas de riego, los cuales pasarán a ser relevados por el Renspa (Senasa). Sobre el Certificado de Ingreso de Uva (CIU), se informó que será reemplazado por la nueva “certificación de cosecha”, de carácter optativo y con posibilidad de presentación por camión, semanal, mensual o anual.

En materia de fiscalizaciones, se dejan sin efecto las inspecciones presenciales del INV dentro de bodegas orientadas al control de stocks, etapas del proceso y estados del producto antes de su terminación.

También se elimina la obligación de informar mensualmente los litros elaborados y los permisos de traslado para el vino a granel.

La libre circulación se mantiene como único trámite obligatorio para comercializar productos vitivinícolas, ya que permite verificar la aptitud para consumo.

Por último, los productores ya no deberán esperar aprobación previa de etiquetas por parte del INV ni presentar el registro de marca en INPI como condición ante el organismo.