Irrigación aprobó un nuevo Reglamento de Operadores y Usuarios de los Servicios Públicos de Agua Potable y Saneamiento, el cual unifica y actualiza las normas que regulan la prestación de estos servicios en Mendoza. Según indicaron fuentes oficiales, la medida -enmarcada en la Ley Provincial Nº 9.589- incorpora nuevos derechos para los usuarios, mayores obligaciones para las empresas prestadoras y herramientas de control para el organismo regulador.

En ese marco, desde el organismo resaltan que la nueva reglamentación consolida el rol de Irrigación como autoridad reguladora del servicio de agua potable y saneamiento en toda la provincia.

Entre los principales cambios, el reglamento establece que los usuarios tendrán derecho a solicitar la conexión de agua potable y cloacas cuando sus inmuebles se encuentren dentro de áreas servidas, recibir el servicio con los estándares de calidad exigidos por la normativa vigente y contar con una presión mínima garantizada.

También deberán ser informados sobre cortes programados o emergencias que afecten la prestación y podrán presentar reclamos ante los operadores o recurrir a la Dirección de Regulación y Control de Agua y Saneamiento (DIRCAS) cuando no obtengan una respuesta satisfactoria.

Estas son las obligaciones que tendrán los usuarios

La normativa también incorpora obligaciones para los usuarios orientadas a garantizar un uso adecuado del recurso y preservar la infraestructura existente. Entre ellas figuran el mantenimiento de las instalaciones internas de agua y cloacas, la reparación de pérdidas dentro de los inmuebles, la prohibición de manipular medidores o realizar conexiones clandestinas y el cumplimiento del pago de los servicios prestados.

Además, el reglamento establece restricciones permanentes para promover el uso racional del agua potable. Entre las prácticas prohibidas se encuentran el lavado de veredas, calles pavimentadas y vehículos mediante mangueras o hidrolavadoras, así como el riego de jardines, espacios verdes o cultivos con agua potable entre las 8 y las 22. El incumplimiento de estas disposiciones podrá derivar en sanciones y multas.

Las empresas prestadoras, bajo análisis constante

La reglamentación también amplía las responsabilidades de los operadores de agua y saneamiento. Las empresas y entidades prestadoras deberán mantener actualizada la información sobre usuarios e infraestructura, informar periódicamente indicadores de calidad y consumo, disponer de sistemas de atención de emergencias durante las 24 horas y comunicar de manera inmediata cualquier situación que pueda afectar la calidad del agua o la salud de la población.

Además, los prestadores también deberán presentar planes de inversión, operación y expansión cuando sean requeridos por el organismo regulador. En ese contexto, DIRCAS contará con mayores facultades para supervisar la calidad de los servicios, controlar el cumplimiento de las obligaciones de los operadores y garantizar la protección de los usuarios.

Otro de los aspectos incorporados por el nuevo reglamento está vinculado al desarrollo urbano. A partir de ahora, los operadores deberán acreditar que cuentan con capacidad técnica, hidráulica y financiera suficiente antes de otorgar factibilidades para nuevos loteos, urbanizaciones o ampliaciones de redes. Según explicaron desde Irrigación, el objetivo es garantizar que el crecimiento urbano no afecte la calidad ni la continuidad del servicio que reciben los usuarios ya conectados a las redes de agua potable y saneamiento.