La comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, que preside Franco Ambrosini (UCR), dio despacho favorable al proyecto del Poder Ejecutivo por el cual se regula el uso de videocámaras, una de las iniciativas que forman parte del paquete de leyes de seguridad.

El proyecto apunta a la “la regulación de la utilización de videocámaras para grabar o captar imágenes y datos en lugares públicos, abiertos o cerrados, con o sin asistencia de inteligencia artificial y el posterior tratamiento de las imágenes y datos que se obtengan de las mismas”.

Entre otros aspectos, dispone que la utilización de videocámaras y de los sistemas a que refiere la Ley, se justificará a los efectos de contribuir a la convivencia ciudadana pacífica y el orden público; la prevención general de ilícitos, contravenciones y delitos; la constatación de ilícitos, contravenciones y delitos; la identificación de personas con pedidos de captura y demás medidas judiciales incorporadas a los sistemas de alarma vinculado, y la identificación de vehículos con medida judicial.

Por otra parte, deja establecido que “la utilización de videocámaras y los sistemas asociados, estará regida por los principios de razonabilidad, proporcionalidad y mínima intervención, debiendo ponderarse en cada caso la finalidad y los objetivos de esta ley”.

De igual manera, estipula que las videocámaras “solo podrán emplearse para el mantenimiento y preservación de la seguridad pública y demás fines previstos en esta ley. En cada caso deberá mediar razonable proporción entre la finalidad pretendida y la posible afectación de derechos consagrados constitucionalmente”.

En ese sentido, aclara que no se podrán utilizar videocámaras para tomar imágenes o datos “del interior de propiedades privadas salvo consentimiento expreso del titular, legítimo poseedor o autorización judicial”; o “cuando se afecte de forma directa y grave la intimidad de las personas, no obstante estar situada en espacios públicos”.

Por otra parte, establece que los municipios que pretendan a su cargo la colocación de videocámaras en sus jurisdicciones deberán informar a la autoridad competente y asegurar su compatibilidad con los protocolos estándares recomendados por la misma.

Otro aspecto contemplado es que la Autoridad de Aplicación llevará un registro de todas las videocámaras públicas y privadas que forman parte del sistema, especificando su finalidad, cantidad, ubicación, características técnicas y tecnológicas, estado operativo, como toda otra información que la reglamentación considere pertinente o que pueda resultar de interés.

Actualmente, en equipamiento móvil y estático hay alrededor de 2170 cámaras entre domos, fijas y reconocimiento automático de patentes.