La diputada del PJ, Verónica Valverde, presentó un proyecto para fijar estándares mínimos obligatorios de seguridad, organización y calidad para el funcionamiento de las escuelas de verano, tanto públicas como privadas.
Actualmente, la habilitación de estos espacios depende de las normas de cada municipio, lo que genera un esquema fragmentado sin criterios unificados en materia de seguridad acuática, seguros, proporciones de personal por grupo o emergencias médicas. La propuesta busca saldar esa vacancia estableciendo que todas las colonias deban registrarse ante la Subsecretaría de Deportes provincial y cumplir requisitos estrictos como condición para operar.
Seguridad en piletas y exigencias técnicas
Uno de los ejes centrales de la iniciativa se enfoca en la prevención de accidentes en entornos acuáticos. El texto establece pautas concretas para aquellos establecimientos que cuenten con natatorio:
- Guardavidas obligatorios: se exige un guardavida cada 50 asistentes en la pileta, con un límite máximo de 10 personas por cada 20.000 litros de agua.
- Prohibición de celulares: los profesores a cargo tendrán expresamente prohibido el uso de teléfonos móviles durante las actividades acuáticas, salvo aquellos aparatos destinados a la gestión de emergencias.
- Infraestructura y capacitación: las piletas deberán contar con cierre perimetral e ingreso controlado. Asimismo, todo el personal deberá estar capacitado en RCP y, durante la primera semana de actividades, se dictarán talleres de identificación de riesgos y técnicas de rescate adaptadas a los niños y adolescentes.
- Seguros y emergencias: será obligatorio contar con seguro de responsabilidad civil vigente —cuya falta de contratación derivará en la clausura inmediata— y un servicio de emergencias médicas con cobertura de traslado.
Inclusión y registro obligatorio
La norma ampara tanto a colonias privadas como públicas que funcionen entre el 1º de diciembre y el 28 de febrero. Todas deberán inscribirse en el Registro Provincial de Instituciones Deportivas (Ley Nº 6457) con al menos 30 días de antelación al inicio de las actividades, presentando habilitación municipal, croquis del predio —donde la superficie al aire libre sea al menos el triple de la cubierta— y un proyecto pedagógico integral.
En el aspecto social y de derechos, el proyecto declara a las escuelas de verano como actividades de interés provincial e instrumenta la admisión obligatoria de niños, niñas y adolescentes con discapacidad. Según las especificaciones del Certificado Único de Discapacidad (CUD), los establecimientos deberán adecuar sus instalaciones y garantizar el acompañamiento de profesionales capacitados o acompañantes terapéuticos para asegurar una inclusión plena.
Con el respaldo de la Convención sobre los Derechos del Niño y la legislación educativa vigente, la propuesta busca transformar la prevención en las colonias de verano en una política de Estado que brinde previsibilidad y tranquilidad a las familias mendocinas.
