Un proyecto de ley que avanza en la Cámara de Diputados de Mendoza busca modificar las condiciones para regularizar y cancelar créditos otorgados por el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), especialmente aquellos que fueron actualizados mediante sistemas como UVA y URS.

La iniciativa obtuvo despacho favorable en la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales y propone otorgarle al IPV una facultad permanente para revisar y readecuar los saldos de los créditos cuando los mecanismos de actualización hayan generado diferencias entre la deuda acumulada y el valor real de la vivienda.

El dato central es que actualmente existen más de 6.000 créditos activos bajo estos sistemas de actualización. Según explicó el titular del IPV, Gustavo Cantero, el problema aparece cuando la evolución de los índices provoca que el saldo pendiente crezca de manera tal que desalienta a los adjudicatarios que quieren adelantar cuotas, cancelar parte del capital o saldar completamente su vivienda.

La propuesta permitiría que el Directorio del IPV determine el monto necesario para cancelar una vivienda tomando como referencia el valor del crédito o el costo de reposición del inmueble y aplicando el menor de ambos. También podría establecer quitas para quienes adelanten cuotas, aunque no cancelen la totalidad del préstamo.

El objetivo es, además, aumentar la recuperación de fondos del organismo. Según los fundamentos del proyecto, las cancelaciones anticipadas permiten que ese dinero vuelva al sistema y pueda utilizarse para financiar nuevas soluciones habitacionales.

El proyecto incorpora otro capítulo: la regularización de la titularidad de viviendas otorgadas o financiadas por el IPV que todavía continúan registradas a nombre del Instituto. Para determinados casos se prevén requisitos vinculados con la antigüedad de residencia en Mendoza, la posesión del inmueble y la situación del crédito.

Cantero señaló que entre junio de 2022 y julio de 2026 se regularizaron 150 expedientes mediante las herramientas existentes, aunque consideró que la cifra podría ser mayor con un mecanismo permanente. El proyecto todavía debe completar su recorrido legislativo antes de convertirse en ley.