La Legislatura de Mendoza avanzó con un proyecto impulsado por el oficialismo para modificar el régimen de recuperación de viviendas del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV). La iniciativa, que obtuvo media sanción en Diputados sin el acompañamiento del peronismo, propone simplificar los procedimientos de desadjudicación y desalojo de beneficiarios que incumplan las condiciones de adjudicación.
Desde el organismo sostienen que la medida busca garantizar que las viviendas sociales cumplan con su finalidad original. Entre las principales irregularidades detectadas figuran la falta reiterada de pago de cuotas, el abandono de las propiedades, el alquiler a terceros, la cesión no autorizada y la venta informal de las casas. Según explicaron desde el IPV, estas situaciones dificultan que las unidades habitacionales puedan ser reasignadas a familias que realmente las necesitan.
Datos oficiales indican que, de 600 procesos de desadjudicación iniciados, 513 ya fueron resueltos. Además, entre abril y mayo se notificó a 50 adjudicatarios por incumplimientos graves, incluyendo casos con deudas acumuladas equivalentes a decenas de cuotas impagas. Antes de llegar a una quita definitiva, los beneficiarios reciben múltiples intimaciones y cuentan con instancias para regularizar su situación o presentar propuestas de pago.
El proyecto incorpora nuevas herramientas legales para acelerar los trámites. Entre otros cambios, establece que los desalojos sean tratados por la Justicia de Paz Letrada, elimina la homologación judicial previa de las desadjudicaciones y habilita un procedimiento específico para que el IPV pueda avanzar con mayor rapidez cuando exista una resolución firme. La iniciativa ahora deberá ser debatida en el Senado provincial, donde continuará su tratamiento legislativo.
