La Cámara Federal porteña intervendrá este martes por primera vez en la causa ANDIS, que investiga presuntos pagos de sobornos vinculados a la compra de medicamentos destinados al área de discapacidad. La audiencia, fijada para las 10.30 en los tribunales de Comodoro Py, buscará revisar los planteos de nulidad presentados por los principales acusados.

La instancia judicial será encabezada por la Sala II del Tribunal de Apelaciones, integrada por los jueces Roberto Boico, Martín Irurzun y Eduardo Farah, quienes deberán resolver si confirman o revierten el rechazo de nulidad dispuesto por el juez Sebastián Casanello. En caso de ratificarse la decisión, la investigación —que se encuentra bajo secreto de sumario— continuará su curso.

Los recursos habían sido presentados por la familia Kovalivker, propietaria de la droguería Suizo Argentina, una de las empresas señaladas en el expediente por presunta participación en maniobras de direccionamiento de compras públicas. El juez Casanello rechazó sus planteos, en línea con la postura del fiscal federal Franco Picardi, quien consideró que fueron “errados y contradictorios” y que solo buscaban entorpecer una pesquisa incipiente.

A la presentación de la defensa de los Kovalivker se sumó el ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, también imputado en la causa. Su abogado cuestionó la legalidad del material que dio origen a la investigación, alegando que se trata de audios obtenidos de manera ilegal.

Según fuentes judiciales, el planteo de nulidad se sustenta en que el expediente se abrió a partir de grabaciones presuntamente adulteradas o creadas mediante inteligencia artificial, en las cuales Spagnuolo habría mencionado a la droguería Suizo Argentina como parte de un esquema de pago de sobornos. En esas mismas conversaciones, también se hacía alusión a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al funcionario Eduardo “Lule” Menem.

El 9 de octubre pasado, el fiscal Picardi solicitó 25 allanamientos simultáneos en droguerías y domicilios particulares, tras detectar presuntas irregularidades en la compra de medicamentos de alto costo por parte de la ANDIS. Los procedimientos fueron autorizados y ejecutados por el juzgado federal de Casanello.

Ahora, la Cámara Federal deberá definir si valida el rechazo de los planteos de nulidad y permite que la investigación por corrupción continúe, o si decide reabrir el debate sobre la legalidad de las pruebas que originaron la causa.