El próximo martes 22 de julio, la Argentina presentará un escrito ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York con el objetivo de sostener la suspensión de la entrega de acciones de YPF, dispuesta en primera instancia por la jueza Loretta Preska.

El objetivo del escrito es que la medida cautelar se mantenga durante todo el proceso de apelación del fallo, el cual obliga al país a pagar US$16.100 millones. Actualmente, la suspensión dictada por la Justicia estadounidense tiene vigencia hasta que se completen las instancias iniciales del proceso.

El pedido se produce tras la presentación de los beneficiarios del fallo, quienes señalaron a la Corte que no buscan quedarse con las acciones de la petrolera, aunque solicitaron que Argentina deposite una garantía como condición para avanzar con la apelación.

El giro en la postura de los demandantes se conoció luego de que el gobierno de Estados Unidos expresara su respaldo a la posición argentina mediante la figura de amicus curiae, al advertir sobre los eventuales efectos diplomáticos y financieros de una ejecución anticipada del fallo.

De este modo, Argentina intentará evitar una reactivación de la orden de Preska que podría derivar en la ejecución forzada de los activos comprometidos y su consecuente impacto en los mercados.

Si la Corte rechaza la presentación argentina, el país podría quedar en situación de desacato, figura que, si bien no se aplica directamente a Estados soberanos, puede acarrear sanciones económicas y generar un impacto negativo en la credibilidad de la comunidad global y organismos crediticios, dificultando el acceso a los mercados internacionales.