La nueva Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la cual reemplazó a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), implementó una serie de cambios en la fiscalización de transferencias de dinero. a partir de este febrero del 2025, este organismo actualizará los montos permitidos para operaciones electrónicas sin necesidad de ser informadas al fisco. Lo que se busca con esta medida es reforzar el control sobre los movimientos financieros y detectar posibles irregularidades fiscales.
Según esta nueva normativa, los usuarios de billeteras virtuales deberán registrar sus datos si al cierre del mes mantienen un saldo igual o superior a $1.000.000. Además, Cualquier transferencia individual que supere los $600.000 deberá ser reportada por la entidad financiera correspondiente. Por lo que, si ARCA identifica inconsistencias en los ingresos de una persona, se podrá iniciar una investigación para determinar cuál es su origen y, en caso de irregularidades, evaluar sanciones por posible evasión impositiva.
Otra de las grandes novedades es la actualización de estos montos, la cual se realizará con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Este ajuste se aplicará cada seis meses para evitar que la inflación desvirtúe los límites establecidos, asegurando así que los montos sigan siendo relevantes en el contexto económico.
En cuanto a la cantidad de transferencias permitidas, cada banco o plataforma impondrá sus propias restricciones. Por lo que, algunas entidades establecen un tope máximo diario de $8.000.000, mientras que MODO permite hasta $2.000.000 y Mercado Pago fija su límite en $500.000.
Con estos cambios, el Gobierno lo que busca es reforzar su política de monitoreo financiero, ampliando los controles sobre el flujo de dinero digital. Asimismo, garantiza una mayor transparencia en las operaciones económicas y minimiza el riesgo de evasión fiscal en un contexto de creciente digitalización de los pagos y transacciones.
