La discusión por la seguridad volvió al centro de la escena tras la publicación del Decreto 306/2026, que flexibiliza el acceso e importación de armas de fuego en el país. Desde Mendoza, la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti salió al cruce de la medida y la definió como “una claudicación del Estado en su deber de proteger a los ciudadanos” frente al avance del delito.
A través de sus redes sociales, la legisladora sostuvo que la decisión oficial refleja “una incapacidad para controlar la seguridad” (según su planteo), y cuestionó que en lugar de fortalecer los mecanismos de prevención, se avance en la liberalización del mercado armamentístico. En ese sentido, vinculó la medida con el debilitamiento de organismos como la ANMaC (Agencia Nacional de Materiales Controlados), que —según denunció— hoy no cuenta con los recursos necesarios para cumplir su función.
Como no pueden garantizar seguridad, la solución es simple: más armas en la calle.
— Anabel Fernández Sagasti (@anabelfsagasti) May 5, 2026
Decreto 306/2026, manual básico de cómo empeorar el problema.
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Sagasti también encuadró la iniciativa dentro de un contexto de creciente inseguridad y lanzó una advertencia sobre posibles consecuencias. Criticó la habilitación de accesorios de uso bélico para civiles (como silenciadores y miras nocturnas), al considerar que se trata de una política que prioriza intereses económicos por sobre la estabilidad social. “Prioridades invertidas para un país que reclama paz”, expresó.
Otro de los ejes de su cuestionamiento apunta a la responsabilidad estatal. Para la senadora, la medida implica trasladar la carga de la seguridad a los ciudadanos (ante una presunta retirada del Estado), lo que podría derivar en una pérdida de control sobre la trazabilidad de las armas. En ese escenario, advirtió que el mercado legal podría terminar abasteciendo indirectamente a organizaciones criminales.
En el cierre de su posicionamiento, Fernández Sagasti fue contundente: “más armas no significan más seguridad, sino una sociedad más violenta” (según su análisis). Y concluyó con una definición política directa: gobernar, dijo, implica asumir responsabilidades, no delegarlas en una ciudadanía que se ve empujada a defenderse por sus propios medios.
