El sistema penitenciario federal argentino continúa bajo fuerte presión debido al crecimiento constante de su población carcelaria. Según un informe de la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN), encabezada por el fiscal general Alberto Adrián María Gentili, en el primer trimestre de 2025 se registró un incremento del 1% respecto de diciembre de 2024, alcanzando un total de 11.815 internos en los establecimientos del Servicio Penitenciario Federal (SPF).

En ese panorama, Mendoza vuelve a destacarse en el mapa del encierro: el Complejo Penitenciario Federal VI, ubicado en Cacheuta, figura entre las unidades más colapsadas junto a los complejos de Ezeiza, Marcos Paz, Devoto (CABA) y Salta.

El dato más preocupante del relevamiento es la sobrepoblación carcelaria, que alcanzó un 7,4% por encima de la capacidad instalada. Esto equivale a 813 personas detenidas de más, considerando que el SPF dispone de 11.002 plazas.

Además, el informe resalta una problemática histórica: el 41% de las personas privadas de libertad no tienen condena firme. En total, hay 4.813 detenidos sin condena frente a 7.000 con sentencia firme, lo que vuelve a poner en debate los plazos de la justicia penal y la vigencia del principio de inocencia.

Paralelamente, creció la cantidad de internos tanto sin condena (1,4%) como condenados (0,7%).

La situación en Mendoza

Aunque el informe no desagrega los datos por provincia, deja claro que Mendoza ocupa un lugar crítico. El penal de Cacheuta no solo aloja internos mendocinos, sino también personas de otras jurisdicciones derivadas por falta de cupo o por cuestiones de régimen.

El informe de PROCUVIN advirtió sobre el hacinamiento, las condiciones edilicias precarias y el impacto en la salud y los derechos humanos de los internos.

La tendencia es sostenida: en diciembre de 2021, había 11.283 internos; en 2022, 11.349; en 2023, 11.311; y en 2024, 11.696. En menos de cuatro años, el SPF sumó más de 500 detenidos.

Desde organismos judiciales y de derechos humanos, alertan que esta crisis estructural no se resuelve solo con más plazas, sino con políticas penales racionales, juicios rápidos y medidas alternativas a la prisión preventiva, sobre todo para los detenidos sin condena.

Tanto a nivel nacional como en el caso particular de Mendoza, el debate es urgente: garantizar condiciones dignas de detención en cárceles federales y provinciales es una deuda pendiente del sistema penal argentino.