La Justicia ordenó este viernes la clausura y suspensión preventiva del estadio Libertadores de América-Ricardo Bochini, tras los graves incidentes registrados en el encuentro entre Independiente y Universidad de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana.
La medida del juez José Luis Arabito, titular del Juzgado de Garantías N° 3 de Avellaneda-Lanús, se tomó a partir del pedido del fiscal Mariano Zitto, quien advirtió la “imposibilidad manifiesta de contención de los desmanes que fueron escalando en agresividad hasta la completa suspensión del evento deportivo”.
Partidos a puertas cerradas
Con esta resolución, el club de Avellaneda no podrá disputar partidos con público en su estadio hasta que presente un plan de seguridad coordinado con la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide), el Ministerio de Seguridad bonaerense, la AFA y la Conmebol.
En principio, Independiente podrá jugar este domingo ante Platense por el Torneo Clausura, pero a puertas cerradas.
“Se podrá disputar el encuentro sin la concurrencia de espectadores, salvo que las autoridades prefieran realizarlo en otro escenario, hasta tanto se presenten gestiones conjuntas que expliquen lo sucedido y propongan cómo contener a futuro hechos de esta gravedad”, detalla el fallo.
El Club Atlético Independiente informa que, ante una medida cautelar emitida por la Justicia de la Provincia de Buenos Aires, se ha dispuesto la clausura y suspensión preventiva del Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini para disputar con público el encuentro… pic.twitter.com/08XCUPiWX2
— C. A. Independiente (@Independiente) August 22, 2025
Requerimientos a las autoridades
Además de la clausura, la Justicia solicitó al Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires un informe sobre las condiciones de seguridad vigentes, los acuerdos alcanzados con las autoridades deportivas y si existen garantías suficientes para evitar nuevos episodios violentos.
El juez Arabito también dejó abierta la posibilidad de realizar audiencias de control con los organismos involucrados para evaluar la viabilidad de levantar total o parcialmente la medida, “en el mayor interés de la sociedad que requiere de una intervención rápida y oportuna de la Justicia”.
