En una sesión atravesada por el debate sobre seguridad pública y derechos individuales, el Senado de Mendoza dio media sanción a una reforma clave de la Ley 6722, la norma que regula el accionar de la Policía provincial. El proyecto introduce cambios estructurales en el protocolo de uso de armas de fuego y en el tratamiento administrativo de los efectivos involucrados en intervenciones críticas.
La iniciativa, que obtuvo 26 votos afirmativos y 6 negativos, fue impulsada por los diputados Gustavo Cairo y Enrique Thomas. Ahora deberá regresar a la Cámara de Diputados de Mendoza para su revisión final antes de convertirse en ley.
Los principales cambios de la reforma
1. Nuevo encuadre del “peligro inminente”
Uno de los puntos centrales es la actualización de los supuestos que habilitan el uso del arma reglamentaria. Se incorpora con mayor precisión el criterio de “peligro inminente”, contemplando situaciones como la fuga de personas que representen una amenaza letal o la protección de establecimientos de detención.
El cambio más sensible establece que el efectivo no estará obligado a identificarse previamente como policía si hacerlo pudiera poner en riesgo su vida o la de terceros. Según el oficialismo, la modificación busca armonizar la legislación provincial con estándares ya vigentes para fuerzas federales.
2. Limitaciones a las sanciones administrativas
Otro de los artículos destacados es el 8 bis, que introduce una garantía para los agentes involucrados en procedimientos bajo este protocolo. No podrán ser suspendidos ni sancionados administrativamente de manera preventiva mientras no exista una sentencia judicial firme.
El argumento que sustenta esta disposición es preservar la presunción de inocencia y evitar que el agente pierda su salario o vea afectada su carrera antes de que la Justicia se expida sobre su responsabilidad.
3. Convocatoria de personal retirado
La reforma también incorpora el artículo 322 bis, que habilita la reincorporación de efectivos retirados con alta capacitación para tareas directivas o técnicas, especialmente en áreas vinculadas a tecnología y análisis de datos. Según el esquema previsto, podrían percibir entre el 80% y el 100% del haber correspondiente a su grado en actividad.
Durante el tratamiento en el recinto, el senador David Sáez defendió la propuesta al señalar que busca un equilibrio entre la protección de la ciudadanía, la seguridad jurídica del personal policial y el respeto a los derechos humanos.
Desde la oposición, en cambio, los bloques del Partido Justicialista y del Partido Verde votaron en contra y expresaron reparos sobre el alcance de las nuevas facultades otorgadas a la fuerza.
Por su parte, el presidente provisional del Senado, Martín Kerchner Tomba, sostuvo que tras casi tres décadas de vigencia de la norma original, la realidad actual exige mayor precisión normativa frente al incremento de situaciones violentas.
El proyecto volverá a Diputados para su segunda revisión. Si obtiene sanción definitiva, Mendoza contará con una legislación más alineada a los criterios nacionales sobre uso de la fuerza, ampliando las facultades operativas de la Policía y estableciendo un nuevo marco de respaldo institucional para su accionar.
