Este lunes, el Gobierno oficializó la promulgación de la Ley Antimafias, sancionada recientemente por el Congreso durante las sesiones extraordinarias. La normativa, que busca combatir de manera más eficaz al crimen organizado, impone penas más severas a los integrantes de bandas delictivas dedicadas al narcotráfico, la trata de personas, la extorsión y el lavado de dinero, entre otros delitos graves.

La ley 27.786 quedó formalmente promulgada mediante el Decreto 177/2025, publicado este lubes en el Boletín Oficial. Según establece el texto, se considera organización criminal a cualquier grupo de tres o más personas que actúe de manera concertada para cometer delitos especialmente graves, operando durante un período determinado, en zonas específicas y bajo ciertas modalidades.

“La presente ley tiene como objeto brindar al Estado herramientas útiles en materia de investigación y sanción de las organizaciones criminales”, señala el artículo 1°. La normativa apunta a desarticular grupos que, además de cometer delitos, buscan obtener beneficios económicos ilegales o ejercer control e intimidación sobre la población.

Cambios

A partir de su entrada en vigencia, la ley incorpora una serie de medidas que refuerzan la capacidad del Estado para enfrentar al crimen organizado. Los puntos más destacados son:

Investigaciones especiales: la ley habilita a las autoridades judiciales a declarar zonas geográficas como “áreas de investigación especial”. Esto permitirá a las fuerzas de seguridad federales y provinciales actuar de manera coordinada, incluyendo la intervención de comunicaciones y el secuestro de bienes vinculados a actividades ilícitas.

Modificación del Código Penal: se incorporan nuevos artículos que agravan las penas para quienes integren, colaboren o financien organizaciones criminales. Las sanciones prevén penas de entre 8 y 20 años de prisión para delitos de alta gravedad como el narcotráfico y la trata de personas.

Decomiso anticipado de bienes: el Ministerio Público Fiscal podrá solicitar el decomiso de bienes pertenecientes a personas vinculadas a organizaciones criminales, incluso antes de que haya una condena firme. En caso de que el acusado resulte absuelto, el Estado deberá restituir dichos bienes, respetando el derecho de propiedad.

Extensión de los plazos de detención: cuando se investiguen delitos relacionados con el crimen organizado transnacional, se podrán ordenar detenciones preventivas de hasta 15 días, prorrogables con autorización judicial.

Con esta ley, el Gobierno apunta a dotar al Estado de nuevas herramientas legales para combatir a las mafias y debilitar su estructura financiera y operativa.